El test del negacionista. Enbiciate 37. Invierno 2008/09.

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Nos vamos acostumbrando a que el gobierno de Zapatero haga un discurso admitiendo el cambio climático pero que se queda en algo meramente retórico. Tras dar a entender nuestro presidente que es uno de los líderes europeos más concienciados con el Calentamiento Global comprobamos que el 99% de las políticas que realiza este gobierno se encaminan a maximizar las emisiones de CO2. En este apartado destaca sobre todo la política faraónica de infraestructuras de la Ministra de Fomento Magdalena Álvarez. No hay forma, por ejemplo, de aprobar una Ley de Movilidad Sostenible.

Zapatero se olvida del cambio climático

Zapatero se olvida del cambio climático

Podríamos definir el Test del Negacionista como el rechazo una y otra vez por el PSOE de una Ley de Movilidad Sostenible. El negacionismo más perverso consiste en admitir el origen antropogénico del Cambio Climático y al mismo tiempo rechazar toda medida legislativa planificadora que intente reducir las emisiones.


El martes 28 de octubre del 2008 se debatió en el pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de movilidad sostenible que presentaron Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, CCOO, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace y Los Verdes.


La iniciativa parlamentaria elaborada por dichas organizaciones, y que defendió el diputado Joan Herrera, buscaba crear un marco normativo que impulse el transporte colectivo y el no motorizado y que defina las directrices de movilidad sostenible que constituyan el marco orientador de las administraciones locales y autonómicas en sus políticas de transporte.


También establece la proposición de ley los instrumentos de planificación en los ámbitos de las áreas metropolitanas, municipales y de las empresas y polígonos industriales y grandes centros de actividad, de manera que se fijen las medidas más adecuadas para fomentar el transporte público y colectivo y los medios de transporte de bajo impacto. Planes que se han de definir y desarrollar con la necesaria participación de los interesados para que prevalezcan los intereses de la mayoría.


Los presupuestos del Ministerio de Fomento siguen destinándose mayoritariamente a nuevas autovías y a líneas de alta velocidad. La proposición de ley presentada proponía que en 8 años los presupuestos de este ministerio destine un porcentaje no superior al 50% a infraestructuras y el resto a gestión de la movilidad.


La ley de movilidad sostenible que se propone, pues, pretende poner fin al tremendo desfase que existe en la mayor parte de las Administraciones públicas entre los grandes presupuestos que se dedican a la creación de nuevas infraestructuras de transporte y la escasa planificación desde un punto de vista de la movilidad sostenible. Para las organizaciones impulsoras de esta propuesta, en las políticas de movilidad sobra cemento y falta conocimiento.


La ley de movilidad era un compromiso del Gobierno desde la anterior legislatura y ha sido anunciada recurrentemente pero, a pesar de que las emisiones del transporte han aumentado un 97% en 2007 respecto de 1990, hasta la fecha no se ha presentado por parte del Gobierno ningún borrador a discusión en el ámbito social o en el parlamentario. El 15 de noviembre de 2007, cuando se aprueba la Ley sobre Calidad del Aire, el Gobierno incorpora un mandato taxativo, que es el de llevar a la mesa del diálogo social la elaboración de una ley de movilidad sostenible.


La iniciativa legislativa fue rechazada por todos los grupos excepto el proponente y el Mixto; nacionalistas vascos y catalanes han reprochado además la invasión de competencias en que incurría el texto y recordaron que los gobiernos del País Vasco y Cataluña ya han aprobado leyes con medidas muy similares a las defendidas hoy por el grupo de ERC-IU-ICV.


El diputado de ICV Joan Herrera ha criticado durante su intervención que el Gobierno haya ‘sacado’ el debate medioambiental de todas las agendas y ha lamentado que mientras otros países han apostado por ‘lo verde’ como solución a la actual crisis financiera España ha marginado estas políticas. ‘Aquí, obras, y más obras y más obras; y además se reducen las condiciones que imponían las declaraciones de impacto ambiental’, ha manifestado Herrera.


El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha observado que el Gobierno vasco aplica ya muchas de las medidas incluidas en la iniciativa, y Pere Macias (CiU) ha recordado que en Cataluña hace ya siete años que se aprobó la Ley de Movilidad.


Concepción Santa Ana (PP) y Hugo Alfonso Morán (PSOE) han compartido la ‘sensibilidad medioambiental’ del diputado de ICV, pero han coincidido al rechazar esta iniciativa. El portavoz de medio ambiente de Comisiones Obreras, Carlos Martínez, lamenta la posición de la mayor parte de los grupos de la Cámara al considerar que por parte de muchos de ellos “no hay razones de fondo” sino de invasión de competencias o que la sociedad española no está preparada para este cambio de modelo en el transporte o que hay que seguir con el mismo modelo de infraestructuras. Aunque reconoció que varios grupos parlamentarios elogiaron algunos aspectos de la iniciativa, “finalmente no ha entrado a debate”. “En este tema (la lucha contra el cambio climático) el tiempo corre en contra y pasa el tema y no se realizan acciones”.


Por su parte, el responsable de la campaña de cambio climático de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo, apoyó la postura de Martínez y subrayó que se trata de “una nueva oportunidad perdida” para legislar una movilidad sostenible e insistió en que el “cambio de modelo es necesario” e implica a “numerosos sectores”.


“La retahíla de excusas de los grupos parlamentarios evidencian que la movilidad sostenible no está dentro de la agenda política y que los temas ambientales siguen siendo solo para declaraciones rimbombantes pero en realidad no tiene la intención de legislar”, agregó.


Finalmente, la técnico en Eficiencia Energética y Transporte de WWF/Adena, Evangelina Nucete, afirmó que “una vez más las buenas intenciones se quedan en el papel” y que no se pasa a generar acciones “decididas”. Criticó que algunos diputados señalaran en su argumentación para rechazar considerar su propuesta de Ley que la sociedad española “no demanda una movilidad más sostenible o mejorar el acceso a sus puestos de trabajo, la mejora de sus viajes o reducir las emisiones que están aumentando”.

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